Para poder responder a la pregunta de si en España se han cumplido los objetivos de eficiencia energética marcados en el Real Decreto 235/2013, hay que analizar este decreto para poder darse cuenta de que actualmente estamos muy lejos de los objetivos citados en el mismo. Para corregir esta situación actual debería considerarse seriamente la posibilidad de implementar medidas de mejora y correctivas. Y es que los propietarios y usuarios normalmente perciben la aplicación de la legislación como otro impuesto más, se percibe como un trámite administrativo con un coste adicional y no como un beneficio para comparar y evaluar.

La crisis que venimos sufriendo desde hace unos 4 años ha afectado especialmente al sector de la construcción y la promoción y esto ha llevado a que arquitectos, ingenieros, etc. supediten la realización de trabajos cualificados con unos honorarios que no se corresponden con la responsabilidad que suponen. Y es por esto que la evaluación de la eficiencia energética de un inmueble no forma parte de la lista de parámetros prioritarios que estos profesionales tienen en cuenta.

Por este motivo parece claro que hay que hacer campañas divulgativas destacando la relevancia que tienen los CEE´s, y facilitando la comprensión e interpretación de su contenido, además de poner el valor la calificación a la hora de vender o alquilar un inmueble. Son los organismos delegados de las Comunidades Autónomas en materia energética los responsables de la puesta en marcha de unos mecanismos eficientes de inspección que acaben con las malas prácticas y con el intrusismo en este sector y en la eficiencia energética de los edificios. Por lo que debería ser necesario exigir a las administraciones un procedimiento de actuación homogénea.

Para reducir las emisiones y aplicar las medidas necesarias está pendiente la creación de un mapeo a nivel nacional que valore y cuantifique las emisiones del sector residencial. Después de dos años todavía existe gran cantidad de inmuebles sin certificar energéticamente, y aproximadamente el 95% de la edificación existente requiere actuaciones de eficiencia energética que podrían suponer un ahorro de energía del 80%. Además, la normativa más actual obliga a subir la calificación energética del inmueble y espera facilitar la rehabilitación energética de edificios para reactivar el mercado inmobiliario, aparte del ahorro energético que lleva.

Por otro lado, la homogeneización y automatización de los registros de los CEE agilizaría el proceso, evitaría sobrecostes administrativos, y garantizaría la salvaguarda del propietario. Además también serviría para delimitaría las zonas geográficas, barrios, áreas etc. Porque la finalidad debe ser la creación de un sistema de información geográfica para la realización de un mapa energético de todos los edificios existentes en nuestro país.