La Administración ha licitado 3.002 millones de euros en proyectos de eficiencia energética desde 2009, a pesar de que muchas computan como déficit público. Y es que en un reciente informe de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía se han rastreado las licitaciones en eficiencia energética de la Administración desde el año 2009. En la búsqueda se han encontrado referencias de 270 proyectos, pero los datos de sólo 221, por un importe de 2.510 millones de euros; extrapolando esta cantidad al total de actuaciones, el volumen licitado ascendería a 3.002 millones de euros.

Los ayuntamientos son los que lanzan la mayoría de las licitaciones de eficiencia energética, el 73 por ciento del total, seguidos por las comunidades autónomas, con el 24 por ciento, y la Administración central, con sólo el 3 por ciento. Cataluña es la Comunidad Autónoma más activa en este tema sobre eficiencia energética, con el 31’9 por ciento de las actuaciones de sus pares, seguida por la de Madrid, con el 13’7 por ciento, y Andalucía está en tercer lugar, con el 11’9 por ciento. La Rioja es la única Comunidad Autónoma que no se ha lanzado al ruedo de la eficiencia energética.

Estos datos resultan sorprendentes porque muchas de estas inversiones computan como déficit público para la Administración, según los criterios contables establecidos por Bruselas. Por eso el Gobierno paralizó las actuaciones de la Administración central al poco de llegar al poder, en el año 2012, y por eso muchas entidades no pueden embarcarse en unas actuaciones extraordinariamente rentables, y es que cada euro invertido en eficiencia energética se convierte en más de tres euros de ahorro en las facturas. Aunque también hay que tener en cuenta que no todos los proyectos de eficiencia se consideran déficit público y que no se puede establecer una clara línea divisoria entre las que se consideran déficit y las que no.

El informe de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía no aborda esta cuestión y desde la entidad aclaran que para saber qué proyectos han incurrido en déficit habría que preguntar a los secretarios o los servicios de intervención de los licitantes. De acuerdo con los criterios contables europeos, no se considera que generen déficit público aquellos proyectos en los que todo el riesgo corre por cuenta de la empresa de servicios energéticos adjudicataria. De este modo, no computan las actuaciones en régimen de concesión y las que siguen los esquemas del arrendamiento operativo, esto es, cuando los nuevos equipos más eficientes son propiedad de la adjudicataria. Y tampoco se consideran algunas actuaciones fruto de la colaboración público-privada, pero con restricciones.